“Haciendo justicia con amor” (1)
Suspensión del Proceso a Prueba.

Un camino hacia la composición del conflicto

AUTORA: Gabriela María Alejandra Aromí de Sommer.
Jueza en lo correccional, de Corrientes.

 

Confiar en la justicia:

Quienes dedicamos nuestras vidas al servicio de justicia en el fuero penal, debemos abordar a diario una amplia gama de conflictos. Trabajamos mucho, pero en general lo hacemos con la amarga sensación de que nuestro esfuerzo no satisface a la comunidad. Sabemos que mientras los colapsados aparatos estatales no pueden atender en términos razonables a todas las causas que ingresan al sistema, los índices de impunidad e inseguridad crecen en proporciones alarmantes y los justiciables siguen esperando soluciones que no llegan. Nos encontramos en un punto de extrema gravedad institucional: “la comunidad no cree en la justicia”.

La dura realidad que enfrenta hoy nuestro sistema penal es grave, pero no irreversible; porque "las realidades se construyen, no vienen dadas(2)”. Admitir esta premisa, favorece que nos adueñemos del proceso de cambio, que superando fracasos, seamos una comunidad productora de plenitud.

Los cambios son posibles:

A partir de la creencia de que los cambios son posibles, en el año 2.000, con el equipo de trabajo de la Delegación Regional Nordeste del INECIP (3), iniciamos el análisis del funcionamiento del sistema penal en la Provincia de Corrientes y el estudio comparativo de los procesos de reforma de los Códigos Procesales Penales modificados en la última década y de los proyectos en curso, a fin de diseñar un modelo procesal que se ajustara a las bases del Sistema Constitucional(4) y que fuera eficaz para atender a la realidad de nuestra Provincia. Como corolario de ese trabajo, en el año 2004, en forma absolutamente gratuita, entregamos al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, los proyectos de C.P.P. y de ley Orgánica del Ministerio Público, acompañados de una exposición de motivos que refleja el diagnóstico realizado y el sentido de los cambios propuestos. Ambos proyectos, ingresaron la legislatura como iniciativa del Poder Judicial en el mes de junio de 2.004, pero aún no han sido aprobados.

En la búsqueda de alternativas, en el año 2.005 elaboré un proyecto de modificación a la ley de Mediación de la Provincia de Corrientes y un programa tendiente a instaurar la mediación penal para determinados conflictos. Esta propuesta normativa también fue presentada a la legislatura como iniciativa del Superior Tribunal de Justicia y como las demás se sigue debatiendo en el parlamento correntino.

Mientras las propuestas normativas impulsadas desde el propio Poder Judicial esperan la aprobación legislativa, la comunidad sigue esperando respuestas que no llegan... Frente a esta realidad, algunas de las personas que iniciaron conmigo el camino de la reforma, abrumadas por el desaliento, decidieron abandonar la lucha y continuar como siempre, trabajando por inercia... Otros, en cambio, seguimos apostando a la superación. Sin renunciar a las modificaciones normativas – que esperamos se concreten algún día –, rescatamos el valor del “servicio de justicia” aplicando y promoviendo pequeñas prácticas orientadas a buscar la mejor respuesta posible para atender el “drama humano” que subyace a cada imputación penal.

La humanización de la justicia:

El derecho se nutre de realidades sociales que necesitan ser atendidas. Detrás de una causa penal, existe un conflicto que tiene protagonistas reales. Las frías “constancias de autos” y el tradicional apego a las abstracciones normativas no permiten visualizar el origen del conflicto generador de la imputación penal; solo quienes lo vivieron pueden ayudarnos a descubrirlo.

Sobre los ejes trazados por nuestro sistema constitucional (Constitución Nacional y TIDH que tienen su misma jerarquía normativa), el sistema penal(5), más allá de su función punitiva, debe cumplir una función social, proporcionando alternativas de solución al conflicto humano que subyace al delito(6).

Para que la respuesta penal se ajuste a las bases constitucionales, el Juez debe escuchar a los protagonistas del “ drama penal” y detectar el nivel de conflictividad, para hallar la vía de solución que mejor responda al tipo de conflicto. Esta interpretación se inscribe en la concepción del sistema penal como “instancia de solución de conflictos” y no como una mera expresión del poder punitivo del Estado(7).

En ese contexto, si el caso lo permite, mediando consentimiento de las partes, nada impide que se promueva el acercamiento entre estas, para que a través del diálogo, intenten hallar ellas mismas la solución a “su conflicto”. En tales supuestos, el juez podrá rescatar la dimensión humana del caso que debe resolver y ayudar a las partes a encontrar la mejor respuesta posible.

Bajar las normas a la realidad.

La suspensión del juicio a prueba, comúnmente denominada Probation(8) se encuentra legislada en el art. 76 bis del Código Penal Argentino(9). Su introducción al código de fondo, desató en su momento una acalorada polémica, principalmente referida a la competencia legislativa, en razón de que si bien se trata de una norma que regula el ejercicio de la acción y permite su extinción bajo determinadas condiciones, exhibe tramos procesales.

Más allá del interesante debate doctrinario, cuyo tratamiento excede de los objetivos de este trabajo, lo cierto es que la regulación básica, establecida en el Código Penal, sigue siendo en varias Provincias, el único soporte legislativo con el que contamos los operadores para aplicar este instituto. Por esta razón, la inserción de la suspensión del juicio en el código de fondo ha sido positiva, al dar proyección nacional a esta valiosa herramienta procesal que si se utiliza con criterios humanistas, abre un camino a la composición del conflicto.

En líneas generales, esta modalidad de proceso especial , consiste básicamente en la paralización del juicio por un período determinado, dentro del cual el imputado debe reparar el daño en la medida de lo posible y cumplir las reglas de conducta que se le impongan a modo de “prueba”.

Si al vencimiento del término establecido se verifica el cumplimiento regular de las condiciones impuestas en la resolución que ordenó la suspensión del juicio, la acción penal se extingue.

En este breve trabajo no analizaré cuestiones normativas ni criterios judiciales de aplicación; me limitaré a relatar el procedimiento que realizamos en los Juzgados Correccionales de la ciudad de Corrientes, aplicando criterios de justicia restaurativa(10), para rescatar la dimensión humana y social de las causas que se tramitan por la vía de la suspensión del juicio.

El camino recorrido:

En el año 2003, asumí como Juez Correccional N° 1, y a poco de hacerlo, con motivo de la jubilación del Juez Correccional N° 2, debí hacerme cargo de ambos juzgados, situación que se mantuvo por más de dos años. Los dos tribunales regitraban causas con juicios suspendidos.

Los jueces que me precedieron habían dado un paso muy importante. Con el impulso de los Defensores Oficiales y de las Fiscalías Correccionales, habían reconocido el derecho que el art. 76 bis del Código Penal acuerda al imputado, aún cuando el proceso de suspensión del juicio, carecía de reglamentación en el Código Procesal Penal. Y a falta de reglas, las diseñaron ellos mismos. Ante el pedido de suspensión, citaban al imputado para que ratificara su petición de acceder a esa alternativa y concretara el ofrecimiento de reparación del daño “en la medida de lo posible”. Se citaba luego al damnificado para que aceptara o no la reparación ofrecida. Una vez confeccionadas las actas respectivas se corría vista a la fiscalía y con la contestación de la misma el Juez resolvía. En la mayoría de los casos, las reglas de conducta consistían en la prestación de servicios comunitarios gratuitos.

Ciertamente, el camino que habían emprendido los jueces que me precedieron en el cargo era muy valioso, y asumí con entusiasmo el desafío de continuar el proceso de construcción que ellos habían iniciado.

La búsqueda de la composición del conflicto:

Con el convencimiento de que la suspensión del juicio aporta un espacio propicio para la aplicación de criterios de justicia restaurativa. En la búsqueda de la composición del conflicto(11) –cuando fuera posible-, agregué algunos detalles al procedimiento diseñado por los magistrados que me precedieron.

Para posibilitar el encuentro de los protagonistas del conflicto a resolver, debí adoptar medidas que me permitieran tomar un conocimiento personal de las partes, captar sus intereses, detectar el nivel de conflictividad y evaluar, según las circunstancias particulares de cada caso, si era conveniente o no, propiciar el diálogo entre ellas. A tales fines, diseñé un esquema de trabajo que propuse a mis compañeros de equipo, con la advertencia de que llevarlo adelante implicaría un fuerte compromiso y una alta cuota de humanidad. Todos aceptaron el desafío y hoy puedo decir con orgullo, que tanto en mi Juzgado, como en el que debí subrogar durante dos años, logramos conformar equipos excelentes, con personas que diariamente se esfuerzan por hacer justicia con amor.

 

Atención personalizada de las partes:

Al recibir el pedido de suspensión, luego de verificar las condiciones formales de admisibilidad, con la finalidad de escuchar a los protagonistas del conflicto y de proporcionarles eventualmente un punto de encuentro; cito para mismo día, -con diferencia de media hora-, al imputado y al damnificado. El personal y el custodio del Tribunal los reciben con amabilidad, generando un clima de tranquilidad. La secretaria les pide sus documentos y entabla con cada uno de ellos, un breve diálogo. Si advierte algún punto de tensión, con sutileza ubica a las partes en lugares diferentes. Como pauta de respeto, la atención es puntual, es decir, en el horario señalado.

Recibo estas audiencias en mi despacho, fuera del marco estructurado y distante de la sala de debates. Atiendo a las partes citadas y a sus respectivos abogados –si las acompañan-, en un clima de respecto y de cordialidad.

El imputado:

Escucho en primer término al imputado. Le informo acerca de los aspectos más relevantes de la suspensión del juicio a prueba, remarcando que esta alternativa implica, momentáneamente, la renuncia de su derecho a ser oído por un juez imparcial, en un juicio oral y público, en el que podría ejercer en forma plena su derecho de defensa con las debidas garantías, y de obtener una sentencia que resuelva en forma definitiva su situación ante la ley. Verificado el consentimiento del imputado en orden a este aspecto central, analizamos juntos su petición, en particular, el ofrecimiento de reparación y las reglas de conducta propuestas. Estos dos extremos de la presentación, habilitan la aplicación de criterios de justicia restaurativa: el primero, permite atender el interés de la víctima y el segundo, la participación de la comunidad. Utilizo un discurso facilitador, con miras a generar, en caso de que fuera posible, el encuentro con el ofendido.

La víctima:

Trato a la víctima con especial consideración para evitar su revictimización. Le informo acerca de los alcances de la suspensión del juicio a prueba, del ofrecimiento de reparación realizado por el imputado –si lo hubiere- y de las reglas de conducta que eventualmente cumpliría. Para que la información sea completa, le explico en forma sencilla las proyecciones civiles del delito, como fuente generadora de obligaciones. Y luego la escucho, intentando detectar en sus palabras el origen del problema y las posibles soluciones.

Cada caso es un mundo, y la alternativa de generar un encuentro, es una opción que se debe manejar con extrema prudencia, sobre la base del consentimiento expreso de los protagonistas del conflicto.

La génesis del conflicto:

Escuchando a la víctima y al imputado, se advierten con nitidez distintos niveles de conflictividad.

En algunos casos, cuando las partes llegan a la audiencia, el conflicto social se encuentra resuelto. Sus protagonistas lograron componerlo naturalmente, es decir, sin la intervención estatal.

En otros, la solución aún no está dada, pero se advierte la posibilidad de que las partes hallen el modo de resolverlo.

Finalmente, en una tercera categoría, el nivel de conflictividad se mantiene o ha crecido.

Cada situación merece un abordaje especial. Para no abundar en largas consideraciones, al solo efecto ilustrativo, relataré un caso de acuerdo de partes registrado en el Juzgado a mi cargo.

El encuentro de las partes:

Dos personas imputadas de los delitos de violación de domicilio, daño y amenazas en concurso real, solicitaron en forma conjunta, la suspensión del juicio a prueba. Cada uno de ellos ofreció pagar a la denunciante la suma de $ 25 y realizar servicios gratuitos a la comunidad en la Sala de Primeros Auxilios del barrio al que pertenecían. Por las reglas del concurso, la escala penal aplicable al caso era de 6 meses a 6 años de prisión. No obstante ello, dado que los imputados no tenían antecedentes penales, adoptando un criterio amplio(12) en relación a las condiciones de procedencia, fijé las audiencias respectivas.

Recibí a los imputados quienes ratificaron personalmente el pedido de suspensión de juicio. Se trataba de dos hombres jóvenes de condición humilde, malloneros y tenían hijos pequeños. Eran vecinos entre sí y vivían muy cerca de la casa de la denunciante, a quien describieron como “una señora muy buena”. En función de los datos que aportaron, les pregunté si estaban dispuestos a hablar con la denunciante, en el caso de que ella aceptara. La respuesta de ambos fue afirmativa.

Atendí luego a la denunciante, una señora mayor que me escuchó con mucha atención. Al preguntarle su opinión en relación a la solicitud los imputados y sobre el ofrecimiento de reparación que formularon, la damnificada se expresó libremente. Me dijo que no quería que “los chicos” le dieran dinero, expresó: “prefiero que con esa plata le compren leche a sus hijos”. Esta Señora me comentó que ella había visto crecer a “los muchachos”, los dos trabajaban de malloneros y tenían hijos chiquitos, no tenían dinero y a veces pasaban necesidades, a ella le daba pena “por las criaturas” y siempre les ayudaba. Por esa razón, quería saber “porqué me hicieron eso”, “porqué me atropellaron en mi casa”. Le pregunté si quería hablar con ellos, y aceptó.

Con el consentimiento de las partes, generé el encuentro y promoví el diálogo. La denunciante les repitió lo que me había dicho a los jóvenes imputados y ellos le pidieron disculpas. Le explicaron que se había tratado de un error, que habían tenido un problema con un sobrino de ella y que reaccionaron de esa manera porque habían tomado. Surgió así el problema de la ebriedad. La denunciante manifestó que los jóvenes eran buenos y trabajadores, pero que desde hacía un tiempo se habían acostumbrado a tomar “y allí empezaron los problemas”. Tomando este dato les pregunté si no les parecía más conveniente establecer como regla de conducta la realización de un tratamiento para controlar la adicción al alcohol y les comenté acerca de diferentes centros a los que derivamos algunos casos. Las partes acordaron que esa sería la medida más apropiada.

Antes de concluir la audiencia, como lo hago en los casos de acuerdo, felicité a las partes por haberse abierto al diálogo, pues por esa vía, la ley les devuelve la posibilidad de que ellos mismos resuelvan su conflicto. Les aclaré que le correría vista a la Sra. Fiscal Correccional (que en estos casos no formula objeciones) y que una vez acordada la suspensión el juzgado controlaría el cumplimiento de las reglas de conducta, en coordinación con el director del grupo de alcohólicos anónimos en el que los probados realizarían el tratamiento.

En el caso relatado, con la opinión favorable de la fiscalía resolví suspender el juicio. El período de prueba se desenvolvió con normalidad, los informes recibidos del centro comunitario que posibilitó la realización y control de las reglas de conducta fueron positivos, y al finalizar el período de prueba los dos imputados fueron sobreseídos(13).

Como es lógico, no siempre es posible el acercamiento de las partes. Esta medida se debe evaluar con mucha prudencia para no ahondar las heridas generadas por el conflicto, pero es una alternativa válida, que sin dudas contribuye a “ recomponer lazos entre los humanos de modo fraterno y amistoso(14)”. Experiencias como la comentada brevemente me conducen a afirmar con pleno convencimiento que la conciliación y la mediación penal, son posibles.

El aporte de la comunidad:

En la búsqueda de respuestas no punitivas, el compromiso de la comunidad es muy importante. En la ciudad de Corrientes, actualmente, un importante número de procesados con juicios suspendidos y de condenados en suspenso, cumplen variadas reglas de conducta (ajustadas a las particularidades del caso), en diferentes centros comunitarios (hospitales, centros de atención primaria, centros de control de alcoholismo y drogadicción, escuelas, etc.), en fundaciones que prestan servicios a la comunidad, y en un caso, un probado, estudiante de profesorado de música con orientación para educación de niños especiales, ha prestado servicios gratuitos en un instituto privado de educación especial, que generosamente le abrió sus puertas.

Reflexión:

La experiencia demuestra, parafraseando a Albert Einstein, que muchas veces, “la imaginación es más importante que el conocimiento”, y aún cuando no se tengan reglas específicas, acudiendo a los principios humanistas que emanan del sistema constitucional, es posible transitar el camino de la composición. Y en este sentido, la Probation es una puerta abierta a la conciliación y es la antesala de la mediación penal.

Sobre estas bases, para concluir, rescato las expresiones de Julio Maier, quien citando a David Baigún sostiene, que “la función principal del análisis del jurista y de la discusión en materia de Derecho Penal”, consiste en “...establecer las bases políticas de funcionamiento de un sistema penal integrado ... de un Derecho Penal respetuoso del Estado de Derecho y de la diversidad, en una sociedad gobernada por la solidaridad entre los semejantes y, de esta manera, contribuir a su humanización desde la elaboración científica(15)”.

A esa valiosa reflexión agrego, que el proceso de humanización del sistema penal no podrá concretarse de espaldas a la víctima, ya que la pareja penal: víctima – autor, constituye el soporte humano de la abstracción jurídica prevista en las normas penales .

Gabriela María Alejandra Aromí de Sommer
gabrielaaromi@hotmail.com
Corrientes, agosto de 2007

(1) Por una “feliz coincidencia”, el Dr. Labrada, tituló a humilde intervención en este Encuentro con la misma expresión que utilizara su equipo de trabajo al concluir su paso por “el mejor juzgado del mundo” (cómo aún hoy denomina a su Juzgado de Pergamino). Aunque el título que yo había pensado era otro, mantuve el que generosamente pensó el Dr. Labrada, sumándome al ideal de brindar un servicio de justicia más eficiente, poniendo el corazón en el trabajo que realizamos cada día.

(2) Rozitchner, Alejandro., Argentina Impotencia. Ed. El Zorzal –2002-. Pág 17.

(3) Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. www.inecip.org

(3) Mill de Pereyra, Rita – Alegre, Juan Ramón – Aromí Gabriela. Derecho Procesal Penal. Derechos Humanos. Ed. EUDENE -2.005-. Tomo II. Págs. 683 – 689.

(5) Con cita de Roxin, Alberto Binder, destaca la relación de necesaria complementariedad que vincula al derecho penal con el derecho procesal penal y atribuye a ambas ramas de derecho, la corresponsabilidad de implementar la política criminal del Estado, pues ellas son los “ejes estructuradores” del “sistema penal” o “sistema de justicia penal”. Binder, Alberto Martín. Introducción al Derecho Procesal Penal.. Ed. Ad-Hoc -1993- pág 37; y Binder, A.M. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto s.r.l. –2.000- Pág.6.

(6) Bustos Ramírez, Juan. Manual de Deercho Penal. Parte General. 4ta. Ed. Barcelona 1994, pág 97, y “La problemática de las medidas sustitutivas y alternativas de la pena” en el libro de Homenaje al Profesor Isidro de Bennedetti. Ed. Depalma 1.997.

(7) Peña González, Carlos. “Notas sobre la justificación del uso de sistemas alternativos” en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Año 3, Nº 1, 1988, pág. 132. Maier, Julio B.J. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. Editores del Puerto s.r.l. -1996- pág. 91, y Maier, Julio B.J. “El ingreso de la reparación del daño como tercera vía al derecho penal argentino” en El Derecho Penal Hoy. Editores del Puerto s.r.l. -1995- pág. 32.

(8) Aunque esa denominación es cuestionada por importante sector de la doctrina, en razón de que la suspensión del juicio a prueba reglado en nuestro derecho, no se identifica con la Probation diseñada en modelo anglosajón, presentando una mayor similitud con la Diversión utilizada en la práctica norteamericana como modo de suspensión de la persecución penal. Cafferata Nores, José. “La reforma de la ley de suspensión del juicio a prueba” en David, Pedro R. – Fellowes, Brian Suspensión del Juicio a Prueba – Perspectivas y experiencias de la Probation en la Argentina y en el mundo. Ed. Lexis Nexis - Depalma 2.003. Pág. 135.

(9) Título introducido por Ley 24.316 (1.994)

(10) La justicia restaurativa, aspira a lograr el balance entre la víctima, el infractor y la comunidad. Particularmente en relación a delitos menores, la justicia restaurativa es preferible al tradicional proceso penal, en razón de que ayuda a fortalecer el tejido social y conduce a una reducción del uso de la privación de libertad . Conclusiones del Primer Congreso Internacional sobre Reforma Penal –realizado en Inglaterra, en el mes de abril de 1999-.

(11) El regreso a la composición y la concepción del derecho penal, como instancia de solución de conflictos sociales, antes que como reacción del poder estatal, se manifiestan hoy como tendencias universalmente admitidas. Maier, Julio B.J.. Derecho Procesal Penal. Ob. cit. Pág. 88.

(12) Devoto, Eleonora. “Probation” Revista del Ministerio Público Fiscal Nº 0. Octubre de 1.998. Editor responsable Procuración General de la Nación. Págs. 26 – 27. Esta autora entiende que el dictamen fiscal no es vinculante en relación a los causas comprendidas en el párr. 1ro del art. 76 bis del C.P. y que sólo lo es en relación a las que alude el párr. 4to de la misma norma. Esta posición, si bien es coherente con los términos de la citada disposición, encierra el riesgo de la confusión de roles que debe evitarse para preservar el modelo acusatorio.

(13) Juzgado Correccional N° 1 –Corrientes-. Expte. N° 5020.

(14) Neuman, Elias. Mediación y conciliación penal. Editoral Depalma –1.997-.Pág 53.

(15) Maier, Julio B.J. “ El ingreso ....” en El Derecho Penal Hoy. Ob. cit. Pág. 52.