Este trabajo ha sido publicado
en la revista de Fores “Estudios
Sobre la Administración de Justicia”, Nº 1.

Una estrategia para incrementar la calidad y celeridad de las decisiones judiciales sin variar el presupuesto" (1)

Autor: Domingo Juan Sesín.
Juez del Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Córdoba.

 

La problemática del Poder Judicial no sólo se soluciona con más presupuesto, sino esencialmente con la mejor utilización de los recursos disponibles. De allí la necesidad de acudir a la imaginación creativa de quienes tienen la alta misión de conducir el gobierno y administración del Poder Judicial para rediseñar e impulsar nuevas estrategias.

Introducción

Desde hace varios años, una de las prioridades del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en un marco de restricciones presupuestarias, es incrementar la celeridad y calidad de las decisiones judiciales tendientes a consolidar una Justicia independiente, eficiente y eficaz, con un rostro más humano y un profundo contenido ético en su accionar. ¿Cómo es posible lograr estos objetivos sin mayores erogaciones presupuestarias?

Bien sabemos que la problemática del Poder Judicial no sólo se soluciona con más presupuesto, sino esencialmente con la mejor utilización de los recursos disponibles. De allí la necesidad de acudir a la imaginación creativa de quienes tienen la alta misión de conducir el gobierno y administración del Poder Judicial para rediseñar e impulsar nuevas estrategias.

Medidas concretas para incrementar la calidad y celeridad de las decisiones judiciales

Sabido es que los más idóneos pueden dirimir los conflictos con mayor calidad y rapidez. Consecuentemente, priorizar y premiar la idoneidad fue una de las primeras medidas. Así, el Tribunal Superior de Justicia decidió:

a) la selección por concurso para el ingreso al Poder Judicial, garantizando la transparencia, igualdad de oportunidades, publicidad e idoneidad;

b) el ascenso por concurso de secretarios y prosecretarios;

c) la selección de los jueces y magistrados judiciales por el Consejo de la Magistratura mediante riguroso concurso público de antecedentes, evaluación teórica y práctica, examen psicológico y audiencia pública;

d) la eliminación de la discrecionalidad de los nombramientos o ascensos en función de las influencias, el subjetivismo, amiguismo o el mero transcurso de los años;

e) la creación de la Escuela Judicial, que tiene por función el entrenamiento y la capacitación permanente de los jueces y magistrados judiciales;

f) la preservación de los valores éticos de la sociedad, no solo mediante el enjuiciamiento de los delitos en contra de la Administración Pública, sino también a través de la calidad de otros pronunciamientos judiciales que hoy son materia de elogio a nivel nacional y extranjero (cosa juzgada írrita, por ejemplo).

En segundo lugar, aparece el problema de la celeridad en la resolución de las causas. Para este fin, las estrategias operativas implementadas fueron las siguientes:

a) se requirió a todos quienes forman parte del Poder Judicial un plus de rectitud, esfuerzo y responsabilidad en el ejercicio de la función; recordando que el cometido de los jueces, funcionarios y empleados es prestar una función pública que comporta en esencia un acto de servicio, donde el interés general prevalece respecto de los intereses personales y sectoriales. De allí deviene el fundamento principológico y jurídico para justificar el plus de dedicación, rectitud y esfuerzo que se requiere de los mismos. Es decir que quien tiene el alto honor de prestar -más que un servicio público- una función pública esencial para el sostenimiento del Estado, no puede desconocer la existencia de mayores exigencias expresas e implícitas en cuanto a la prestación de función y los principios éticos de su accionar;

b) se reguló la responsabilidad por objetivos de los jueces, la dedicación exclusiva y la incompatibilidad funcional;

c) se diseñó e implementó el control de productividad mediante la fijación del estándar de rendimiento;

d) se delimitó la noción conceptual de independencia del juez respecto de las medidas de superintendencia;

e) se ampliaron a nueve horas de jornadas de labor para los funcionarios nombrados por el Poder Judicial con el mismo sueldo;

f) se puso en marcha un plan piloto de mediación y se proyectó la actual ley de la materia, entre otras innovaciones.

Responsabilidad por objetivos de los jueces, dedicación exclusiva e incompatibilidad funcional

Ante el régimen de remuneraciones establecido por ley de Equiparación de Remuneraciones de los tres poderes del Estado Provincial de Córdoba, que dispone una única asignación básica para el cargo más los adicionales por incompatibilidad funcional y dedicación exclusiva, se precisó el alcance de la misma. Implica en el ámbito de la función pública judicial un estado jurídico, donde la capacidad laborativa del magistrado se encuentra monopolizada para la realización del cometido estatal, tendiendo a lograr la mayor eficiencia en la prestación de la función, con la sola compatibilidad de la docencia e investigación.

Esta afectación se alcanza a través del establecimiento de un régimen de incompatibilidades expresas e implícitas y de las modalidades en que la prestación personal e indelegable debe verificarse.

Para los magistrados y funcionarios enumerados por la Constitución se prescriben los deberes pertinentes, entre los cuales sobresale el "resultado de su actividad". El artículo 155 de la Constitución de Córdoba hace referencia a los plazos fatales en concordancia con lo establecido en los Códigos Procesales.

El Tribunal Superior de Córdoba interpretó que los plazos fatales prescriptos en los códigos procesales es un objetivo al que paulatinamente se debe ir arribando en el marco de las mayores exigencias funcionales y los recursos humanos y materiales disponibles. Ante la existencia de una “demora estructural” que imposibilitaba cumplir en lo inmediato con los plazos procesales en el dictado de las decisiones judiciales, el Tribunal Superior de Córdoba ha instituido el "estándar de rendimiento" y, consecuentemente, la responsabilidad por objetivos.

En este marco, si bien es cierto que el juez tiene la obligación de estar en su despacho durante el horario de atención al público, en lo demás está sujeto a la responsabilidad por objetivos en función de parámetros de tiempo y calidad.

Consecuentemente, la evaluación y control de gestión, no se hace en función del incumplimiento o no de los plazos procesales, sino del "estándar de rendimiento" que se haya fijado para cada tipo de tribunal o juzgado.

Estándar de rendimiento

Periódicamente, el Tribunal Superior establece "estándares de rendimiento" que señalan el marco temporal "mínimo tolerable" para el dictado de las sentencias.

La fijación del estándar de rendimiento es diferente según el tipo de tribunal, en función de la materia y del nivel jerárquico respectivo. Generalmente surge de tomar como ejemplo a los mejores; otras veces de un promedio de la totalidad de los tribunales similares.

Consecuentemente, para la fijación del estándar no se utilizan parámetros de rendimiento ideales o antojadizos, sino reales, teniendo presente la actividad de los tribunales que tienen la misma competencia territorial y material, similar infraestructura, recursos humanos y técnicos. Los jueces del Tribunal Superior se reúnen periódicamente con los diversos magistrados a fin de alcanzar, en lo posible, el consenso respecto de los estándares de rendimiento exigibles.

Ante el incumplimiento de tales pautas, que la Fiscalía General constata mediante estadísticas trimestrales, el Tribunal Superior fija plazos perentorios para que los jueces demorados lleguen a tales parámetros. Sólo en supuestos excepcionales y después de producirse las intimaciones necesarias para revertir la demora, se ha puesto en marcha el ejercicio de la potestad disciplinaria a cargo del Tribunal Superior de Justicia y en algunos casos se ha promovido la destitución del juez mediante la intervención del Jurado de Enjuiciamiento. Si los objetivos han sido logrados, el Tribunal Superior emite las acordadas pertinentes, felicitando y reconociendo el esfuerzo realizado a fin de motivar al titular del tribunal y a su equipo de trabajo.

La clave de este novedoso procedimiento diseñado e implementado "a la cordobesa" por este Tribunal Superior, consiste en profundizar la "prevención" como paso previo a la potestad disciplinaria, ya que el objetivo preeminente no es la sanción sino la "celeridad con calidad" en la resolución de las causas.

Como es sabido, la tutela judicial efectiva no se satisface plenamente con una sentencia justa emitida por un Tribunal imparcial e independiente, sino que requiere al mismo tiempo que sea dictada en breve tiempo.

Los magistrados y funcionarios, por su parte, sin necesidad de medidas disciplinarias, incrementaron su producción a niveles sorprendentes; lo que pone en evidencia que la Justicia de Córdoba ha incrementado su rendimiento, asumiendo un mayor compromiso con el justiciable, mediante actitudes y modalidades coherentes con el patrón de ejemplaridad que la sociedad espera. Prueba elocuente son las estadísticas que ponen en evidencia el ostensible descenso del promedio de demora en la resolución de las causas. Así por ejemplo, un juzgado civil de la capital provincial, hace cinco años demoraba normalmente más de un año en dictar sentencia, ahora el promedio es menor a dos meses. Sugestivamente, también ha mejorado la calidad de tales decisiones, medida en función de las revocatorias.

Esto adquiere mayor importancia si se tiene presente que, en general, las condiciones en que los jueces desempeñan sus funciones no son las ideales, pues no cuentan con todo el personal necesario, ni a veces con espacios cómodos o adecuados a los requerimientos tecnológicos actuales, no obstante las mejoras de los últimos años, en especial en tecnología e infraestructura edilicia.

Pero, para asegurar el fiel cumplimento de estas mayores exigencias, nada mejor que la existencia pautas de ejemplaridad provenientes de la propia cabeza de poder. En efecto, en uno de los primeros acuerdos de cada año, el propio Tribunal Superior establece a priori el estándar de rendimiento que cada una de sus Salas debe alcanzar en el año calendario, a fin de auto imponerse la "responsabilidad por objetivos" y, consecuentemente, el control de productividad. Porque en una República ninguna autoridad por más encumbrada que sea puede escapar al control.

Las estadísticas revelan que la productividad del propio Tribunal Superior en el período 1995-2000 se ha incrementado en más de un cien por ciento (100%) respecto de los cinco años anteriores.

El siguiente paso en la búsqueda de una mayor celeridad, apunta al tiempo de tramitación total del proceso. El objetivo es que el juicio, desde su comienzo y hasta su terminación, solo debe durar un tiempo razonable. En el supuesto de que tales lapsos no se respeten, salvo motivos justificados por las partes, toda inacción generada por el Tribunal o por los abogados, debe ser eliminada. Consecuentemente, deben profundizarse los estudios para predeterminar los plazos estándar para cada tipo de proceso, buscando las disfunciones que pueden ser corregidas.

Se han identificado los diversos factores que demoran el desarrollo del proceso o alteran su eficacia. Son tres:

  • sistemas procesales con demasiadas formalidades, que ya no se ajustan a la modernidad, por lo que es imprescindible promover los cambios necesarios en cada uno de los Códigos Procesales; incluso deben proyectarse los juzgados multiusos donde el usuario pueda elegir entre el proceso ordinario, uno sumario breve, la conciliación, la mediación o el arbitraje.
  • técnicas de administración imperantes en las oficinas judiciales que ha menester modificar siguiendo los métodos utilizados en la empresa privada, en lo que fuere compatible;
  • tecnología informática de última generación para unificar determinados trámites y generar una mejor comunicación entre los diversos operadores del sistema. Esta problemática está siendo abordada por el Tribunal Superior. En algunos aspectos cuenta con la colaboración del Banco Mundial.
Precisión de la noción conceptual de independencia del juez respecto de las medidas de superintendencia.

El proceso de mejora no estuvo exento de conflictos. Ante un cuestionamiento concreto de las facultades de contralor y directivas impartidas por el Tribunal Superior a un magistrado para que incremente su rendimiento con fijación de un plazo, el Tribunal tuvo la oportunidad de expedirse respecto de los límites de la independencia del juez y el deber de subordinación jerárquica a las medidas de superintendencia emitidas por la cabeza de poder.

Allí se dijo: "Que las medidas de contralor y directivas internas, de carácter administrativo, que dispone el Tribunal Superior de Justicia a fin de lograr mayor celeridad, eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, trasuntan el ejercicio de la función de superintendencia que le corresponde al Alto Tribunal conforme lo dispuesto por el artículo 166 inciso 1 de la Constitución Provincial, en concordancia con el artículo 12 incisos 1, 6, y 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las mismas no pueden en modo alguno ser observadas o impugnadas por los órganos judiciales inferiores”.

Es indudable que el cuestionamiento de tales actos de gobierno del Poder Judicial, constituyen no solo una contradicción lógica insalvable, sino una severa violación del orden jurídico vigente al infringirse la esencia misma de la jerarquía administrativa, que constitucionalmente le corresponde al máximo Tribunal de Justicia Provincial como cabeza de uno de los poderes del Estado. En otros ámbitos de orden nacional o internacional, este cometido le corresponde al Consejo de la Magistratura.

Como es sabido, la expresión "superintendencia" significa "suprema administración de un ramo". Ello comporta una atribución inherente a los Tribunales Superiores o Cortes de Justicia a fin de ejercer el gobierno del Poder Judicial. En este marco, el máximo Tribunal tiene a su cargo la administración de su organización, la formulación de políticas determinadas, la dirección y el control, a fin de procurar el correcto funcionamiento administrativo de las diferentes unidades judiciales. Si el Tribunal Superior es el responsable máximo del gobierno y la administración del Poder Judicial, es también el primer custodio de su correcto accionar.

La organización administrativa interna del Poder Judicial revela la existencia de un conjunto de órganos, compuestos por magistrados, funcionarios y empleados, vinculados unos a otros, dependiendo en definitiva desde el punto de vista "administrativo" del Tribunal Superior. Esta subordinación es indispensable para asegurar la unidad de acción en su conjunto en pro del interés general y de una mejor prestación de la función judicial.

La independencia del Juez queda circunscripta en la enaltecedora función de dirimir una controversia entre partes con autoridad de verdad legal, con la garantía suficiente para que pueda pronunciar sus fallos con absoluta libertad, con prescindencia de los órganos superiores del Poder Judicial y de las otras ramas del gobierno y sin temor a represalias por parte de los mismos. Sólo en esas condiciones podrá afirmarse que la sentencia es la expresión de la justicia (2).

En todo lo demás, están administrativamente sujetos al Tribunal Superior de Justicia. Así, al definirse conceptualmente la noción de independencia, quedó en claro la amplia potestad del Tribunal Superior para implementar las medidas adecuadas para combatir la demora e incrementar la celeridad e inmediatez.

Ampliación a nueve horas de la jornada de labor

Para los funcionarios judiciales con cargos de prosecretario, secretario, ayudante fiscal, relator y director, entre otros, se incrementaron a nueve horas diarias las jornadas laborales, esto es, cuarenta y cinco horas semanales.

Asimismo, se fijaron nuevas funciones a los secretarios y prosecretarios a fin de que puedan colaborar más intensamente con la actividad propia de jueces y fiscales. En efecto, además de sus funciones específicas, deben reunir el material necesario para facilitar al juez o fiscal la proyección de las decisiones jurisdiccionales.

Todo esto se fundamentó en que, atento el incremento de funciones que deben realizar los jueces y fiscales, parece razonable que quienes también cobran el adicional por dedicación exclusiva e incompatibilidad funcional incrementen su jornada laboral y colaboren en las tareas propias del titular del órgano jurisdiccional.

Ante recursos planteados por funcionarios que se consideraron agraviados por el incremento de horas de trabajo, el Tribunal Superior sustentó, entre otros conceptos, que "Una correcta interpretación del artículo 23 inciso 3 de la Constitución Provincial, cuando dispone que todas las personas en la Provincia tienen derecho «a una jornada limitada, con un máximo de cuarenta y cuatro horas semanales», nos permite inferir que dicho texto regula el principio general en beneficio de los trabajadores a fin de evitar los abusos susceptibles de cometer la patronal (ver al respecto los debates de la Constituyente Cordobesa reciente). Esta loable finalidad, que ha menester salvaguardar, admite sin embargo excepciones. En el ámbito del derecho laboral quien trabaja horas extras puede sobrepasar ese máximo temporal siempre y cuando tenga su debida compensación pecuniaria. La razón tuitiva impide que por el mismo salario se exija una jornada mayor. Lo mismo sucede en el marco de la relación de empleo público, cuya regulación eminentemente local en virtud de las facultades no delegadas a la Nación, permite jornadas laborales mayores con la recompensa monetaria pertinente.

“Ello ocurre en la especie, donde la comunidad abona al funcionario un cuarenta por ciento (40%) más de retribución mensual. Como es sabido, no son sólo los jueces sino también los funcionarios, los guardianes de la soberanía del pueblo y de la supremacía constitucional, son por ende, los custodios de los derechos reconocidos, de las garantías acordadas y de los poderes democráticamente existentes. Representan a la justicia, como valor, como virtud política, en cuyo nombre se ejerce la función jurisdiccional. En atención a tan relevantes tareas, la función de juzgar y colaborar con ella exige una vocación particular cuya realización plena impone, por respeto a la majestad de la Justicia, una conciencia de la responsabilidad que está por encima de lo que puede requerir el ejercicio de las funciones comunes. Con mayor razón cuando mayor es el sueldo que perciben. Como claramente dice la Acordada 178 del 12 de Mayo de 1998, las nuevas pautas o condiciones de prestación de la función «Así lo requieren las exigencias propias de un servicio eficaz, la exclusión de toda forma privilegio funcional frente al resto de los ciudadanos, y la necesidad de que el pueblo constate el cumplimiento de su trabajo por parte de aquellos a quienes ha conferido el honor y la responsabilidad de participar en la administración de justicia. El esfuerzo presupuestario de la Provincia para suministrar a todo el Poder Judicial los espacios físicos que permitan dotar a cada juzgado o dependencia de un ámbito exclusivo, ha tenido por objetivo precisamente posibilitar la actividad laboral en jornada completa. La desolación de los edificios vacíos durante medio día y la consecuente imagen de inactividad, transformaría ese esfuerzo, a los ojos de la comunidad, en un inexplicable derroche». No obstante, quien por diversas razones no está en condiciones de cumplimentar tales exigencias, puede renunciar al cargo jerárquico respectivo y volver al último cargo que desempeñaba en la planta jurisdiccional, con una jornada laboral de seis horas y el sueldo menor correspondiente.”

Respecto del cuestionamiento efectuado porque en base a una misma remuneración se han incrementado las jornadas de labor, de 6 a 9 horas, el Tribunal Superior respondió que los rubros "dedicación exclusiva" e "incompatibilidad funcional" son conceptos jurídicos indeterminados, determinables en la praxis por la cabeza de poder en el marco de sus facultades reglamentarias, en ejercicio del ius variandi ínsito en toda relación de empleo público. Se ponderan las razones de mérito, oportunidad o conveniencia en base a los mayores requerimientos y demanda de justicia por parte de la comunidad. Es decir que su mayor o menor actividad laboral ya formaba parte de la integración de su remuneración, por lo que nada puede reclamar.

Con los mismos argumentos jurídicos se amplió la jornada laboral del personal jerárquico administrativo del Poder Judicial, de seis a ocho horas. Allí se analizaron los rubros que componen el sueldo (que giran en torno a un plus por las mayores funciones jerárquicas y su responsabilidad), para conceptualizarlos también como conceptos jurídicos indeterminados, determinables en la praxis por la cabeza de poder en función de los mayores requerimiento del servicio, que en un momento situacional determinado puede aumentar o disminuir según el caso. Por lo que dichos cambios se realizaron con la misma remuneración, que implícitamente consentía o permitía su variación.

Régimen de ingreso por concurso público

También se dispuso que el único procedimiento para ingresar al Poder Judicial sea mediante un verdadero proceso de selección de candidatos por idoneidad que garantice la igualdad de oportunidades. Se trata de un concurso público abierto para cubrir cargos vacantes, por lo que cualquier miembro de la colectividad puede presentarse si cumple los requisitos exigidos.

El sistema normativo establecido garantiza la transparencia mediante la publicidad de la convocatoria, y excluye automáticamente al postulante que invoca influencias para posibilitar su designación. Normativamente se prevé que las únicas excepciones permitidas al régimen de concurso son los primeros y segundos promedios de Universidad, premiando de tal forma el esfuerzo e idoneidad.

Como requisitos especiales se exige:

a) para la Capital, ser estudiante de la carrera de abogacía, habiendo aprobado al menos diez materias de la carrera, con promedio general no inferior a seis puntos, computados los aplazos; y quienes hubieran obtenido el título de abogado mientras se desempeñan como pasantes en el Poder Judicial;

b) para el interior de la Provincia se exige ser estudiante de abogacía, habiendo aprobado diez materias con promedio general no inferior a seis, sin computar aplazos; quienes hubieren obtenido el título de abogado mientras se desempeñan como pasantes en el Poder Judicial, los abogados con una antigüedad de cinco años y los estudiantes de las Escuelas de Ciencias Jurídicas habiendo aprobado al menos diez materias, con promedio general no inferior a seis puntos, sin computar aplazos.

Deben rendirse las siguientes pruebas:

a) de redacción, ortografía y contenido del discurso jurídico, de puño y letra, sobre un tema concerniente al Poder Judicial seleccionado entre los indicados en un anexo a la solicitud que se les haya provisto;

b) manejo de procesador de textos.

La evaluación es con reserva de la identidad del aspirante. Queda automáticamente descalificado el postulante que personalmente o por intermedio de terceras personas pretenda influir en su designación, o que falsee la documentación acompañada.

Los postulantes son calificados, determinándose un orden de mérito. Una vez publicado el dictamen por la Junta de Selección, los postulantes podrán observarlo dentro de tres días, sólo en relación a los errores materiales y a la inobservancia de formalidades del procedimiento cumplido. La apreciación técnica del mérito es irrecurrible. Elevado el orden de mérito, la resolución aprobatoria es dictada por el Tribunal Superior. Desde luego que este verdadero acto administrativo del Poder Judicial puede ser cuestionado por los recursos administrativos previstos por la ley de Procedimiento Administrativo Provincial, y a posteriori mediante la revisión judicial ante el fuero contencioso administrativo.

Finalmente, las designaciones son efectuadas teniendo en cuenta el orden de mérito de los postulantes y con carácter interino durante el plazo de seis meses.

Régimen de ascenso por concursos de prosecretarios y secretarios en el área jurisdiccional

Ponderando esencialmente la idoneidad para desempeñar los cargos de secretario de Cámara, de Fiscalía de Cámara, de Juzgado y de Fiscalía, Ayudantes Fiscales y prosecretarios letrados -atento sus relevantes funciones-, se estableció un régimen de concurso de oposición y antecedentes para acceder a los mismos (3). Con tal procedimiento se ha dejado atrás la sola antigüedad y la discrecionalidad en el ascenso.

La selección por concurso pretende que los méritos de los postulantes se proyecten al logro de un servicio más eficiente. Los más idóneos se encuentran en mejores condiciones para resolver los conflictos en forma justa y rápida.

Se realizan las convocatorias individuales por fuero y jerarquía, adoptando como regla la bi-anualidad, salvo que exista un concurso anterior con suficiente cantidad de aspirantes que hubieran alcanzado un puntaje superior a sesenta. El máximo es cien puntos y el límite de cuarenta puntos se estima razonable para proveer designaciones en cargos vacantes.

La selección se hace en base a concurso de antecedentes y oposición. Esta última consiste en:

a) solución de casos prácticos;

b) examen sobre conocimientos jurídicos generales para el cargo;

c) prueba informática.

Importante es recordar que para cubrir el cargo de Ayudante Fiscal también se exige al postulante la presentación de una "planificación estratégica de gestión del cargo de ayudante fiscal de una unidad judicial". Ello tiende a evaluar las competencias vinculadas a la dimensión gerencial del rol de ayudante fiscal. Previo a ello se dicta un curso de capacitación sobre la temática administrativa.

Los postulantes podrán observar el orden de mérito elevado por el Tribunal examinador dentro de los tres días, solo en relación a los errores materiales y a la inobservancia de formalidades del procedimiento cumplido. La apreciación técnica del mérito es irrecurrible. Elevado el orden de mérito la resolución aprobatoria es dictada por el Tribunal Superior. Desde luego que también este acto administrativo del Poder Judicial puede ser cuestionado por los recursos administrativos previstos por la ley de Procedimiento Administrativo Provincial y, a posteriori, por la revisión judicial pertinente.

Al respecto, se rechazó un cuestionamiento para que se les asigne un mayor puntaje a quienes han ocupado el cargo concursado en forma provisoria. Señaló en tal oportunidad el Tribunal Superior (4) que "pretender un mayor puntaje para quienes han ocupado el cargo de prosecretario en forma provisoria sin el concurso respectivo, implicaría violentar el principio de igualdad en desmedro de quienes también tuvieron legítimas expectativas de acceder al cargo interinamente y no pudieron hacerlo porque oportunamente la designación provisoria sin concurso previo no recayó sobre ellos.

“Quienes han venido desempeñando de manera interina han contado con la posibilidad de capacitarse en forma directa a través del desempeño de las tareas propias del cargo para el que posteriormente concursaron. Ello de por sí implica una situación aventajada susceptible de incrementar las posibilidades de éxito. Es obvio que agregar a esta circunstancia un mayor puntaje repugnaría al principio de igualdad de oportunidades respecto de quienes no accedieron al cargo de forma provisoria. Incluso un puntaje preferente para quienes hoy ostentan interinamente el cargo implicaría también desvirtuar implícitamente el sistema de concurso, habida cuenta que para privilegiar a alguien, bastaría entonces nombrarlo interinamente en el cargo ya que, al tener un mayor puntaje, prevalecería de antemano sobre el resto de los postulantes. De tal forma el concurso se convertiría en una artificiosa formalidad para subrepticiamente ratificar los nombramientos de quienes interinamente ocupan el cargo. El vicio de desviación de poder, la evidente ilegitimidad y la instauración de irritativos privilegios, quedarían configurados."

El efecto colateral, al instituirse el sistema de concursos, es el ostensible incremento en la realización de cursos de perfeccionamiento por parte del personal del Poder Judicial, a fin de estar en mejores condiciones y tener mayores antecedentes al momento de la convocatoria. Es decir que, al margen de los resultados de los concursos, los empleados, funcionarios y magistrados han priorizado su capacitación a cargo de la Escuela o de otros establecimientos educativos, todo lo cual repercute directamente en la calidad del servicio.

Pasantías en el Poder Judicial

A fin de contribuir con la Universidad en la preparación práctica de los estudiantes de Abogacía, se han suscripto convenios con diversas Universidades, estatales y privadas, para regular las características de la pasantía. Los resultados son excelentes, ya que el futuro egresado perfecciona su formación práctica, que a posteriori le es útil para ejercer la profesión o ingresar al Poder Judicial con un puntaje especial que debe invocar en el concurso.

Al pasante lo selecciona la Facultad de Derecho, Ciencias Económicas, Psicología, Archivo, entre otras. Deben ser estudiantes con un número de materias aprobadas y con un promedio determinado.

Los concursos de ingreso al Poder Judicial son generalmente ganados por quienes antes han hecho la pasantía. De tal manera producen gran utilidad a la función, ya que se encuentran debidamente preparados al momento del ingreso.

Creación de la Escuela de capacitación judicial

Para contribuir a que los profesionales actúen con sabiduría, independencia, creatividad y equilibrio, se dispuso la creación de la Escuela Judicial dependiente del Tribunal Superior. La misma desarrolla programas de capacitación y perfeccionamiento, que ponen el acento en el manejo de técnicas y adquisición de habilidades requeridas para el ejercicio de la función en los diversos fueros.

Mediante una reciente reforma, se facultó al Tribunal Superior para que en situaciones especiales se imponga la obligatoriedad en la realización de determinados cursos, aún para los miembros del Tribunal Superior.

Las funciones de la Escuela Judicial abarcan:

a) temas jurídicos,

b) temas de organización administrativa, gerenciamiento, recursos humanos, etcétera;

c) regulación de trámites procesales (etapa preinformática);

d) propuestas normativas;

e) investigación, traslado de experiencias exitosas, talleres, mesas redondas, etcétera.

En definitiva, se pretende idoneidad en el ingreso, exigida y probada al momento de rendir el concurso ante el Consejo de la Magistratura para jueces, asesores y fiscales; y ante el Tribunal Superior para secretarios, prosecretarios y demás funcionarios y empleados. El mantenimiento y perfeccionamiento de la idoneidad durante la vigencia de la función pública se realiza mediante la Escuela Judicial. Y todo esto se complementa con los controles de tiempo y calidad.

Conclusión

El perfeccionamiento de la democracia y el robustecimiento del Estado de Derecho requieren como estructura insoslayable la existencia de una Justicia independiente y eficaz. No hay Constitución sin derechos fundamentales, ni derechos fundamentales sin una tutela judicial efectiva, pues es precisamente el debido proceso el que garantiza la operatividad de los derechos constitucionales. De allí que es imperioso seguir luchando incansablemente por una mayor transparencia, honestidad, austeridad y responsabilidad en el ejercicio de la función.

Las reformas del sistema judicial requieren insoslayablemente del consenso, estímulo y apoyo, no sólo de los jueces y abogados, sino también de la sociedad y corporaciones intermedias. Empero, cuando no es posible contentar a todos porque ciertas reformas son susceptibles de afectar a un sector determinado, no debemos permitirnos el lujo de detener los reconfortantes aires de cambio, sino mirar una vez más los intereses prevalentes de los usuarios del sistema jurídico, de los consumidores en definitiva, para saber si realmente satisface sus intereses, en cuyo caso ha menester subordinar el interés sectorial en beneficio de la comunidad.

El desafío del mundo contemporáneo es lograr una coexistencia armónica entre la libertad, la igualdad y la solidaridad. En el ámbito de la Justicia ello implica un mayor humanismo y sensibilidad social, el acceso irrestricto a la tutela jurisdiccional efectiva, la celeridad, la eficiencia, la desformalización de los trámites y la preservación de los valores éticos. Es necesario esforzarnos para recrear la fe en el derecho y la justicia por parte de la sociedad y principalmente por los más necesitados, con reformas sustanciales pero también con pautas de ejemplaridad por parte de los operadores del sistema, esto es, quienes forman parte de la Justicia y los abogados. Es necesario un plus de honestidad, responsabilidad y solidaridad en el amanecer del nuevo milenio.

Como dice Bertrand Russel, es más fácil conservar que cambiar, porque quien postula el cambio debe estar dotado de la imaginación suficiente para bosquejar algo nuevo, pero cuando conservar ya no satisface las necesidades actuales, cuando conservar en el ámbito de la justicia implica seguir cristalizando un formulismo agobiante, un exceso formal manifiesto, una demora irrazonable en la duración de los pleitos; la conservación ya no trasunta orden sino desorden, la conservación ya no garantiza orden sino reacción; por lo que es deber moral de todos quienes formamos parte del sistema judicial bosquejar las reformas pertinentes, que, por modestas que fueren, tiendan a la consecución de un orden nuevo que dé pronta y adecuada satisfacción a las necesidades actuales.

Ni la democracia ni la justicia están en crisis, sino que somos los hombres y mujeres de la democracia y de la justicia los que debemos entrar en un proceso de reformulación de nuestras conductas y valores. La democracia como la justicia, no se construyen con palabras ni con dogmas, sino con hechos, conductas y responsabilidades. Hechos, conductas y responsabilidades que el pueblo evalúa permanentemente. Asumamos el desafío de nuestro tiempo diseñando y ejecutando experiencias exitosas en beneficio de la sociedad.

(1) Estas líneas tienen su origen en una disertación presentada por el autor en la “Conferencia Regional Del Banco Mundial” , México DF, mayo de 2001.

(2) Alsina, Tratado de Derecho Procesal, tomo II, pág. 23.

(3) Acuerdo Reglamentario 358 Serie "A" del 25/3/97 modif. por A.R.N§ 479 Serie "A" del 9/3/99.

(4) Acuerdo n° 2 Serie "A" del 1 de Febrero de 1999.