IV Congreso de REDLAJ – Cartagena 23 a 25 de noviembre de 2010

 

Síntesis realizada por Edwin Figueroa Gutarra de uno de los temas que se desarrollaron:

Panorama del Proceso Electrónico en el Espacio Judicial Latinoamericano

Presidente de Mesa: Ney José de Freitas (Brasil) - Presidente de TRT-PR.

Ponente: Sergio Murilo Lemos Rodrigues (Brasil) - Desembargador Presidente de la Comisión de Informática del Tribunal Regional de Trabajo de Paraná.

Ponente: Sergio Tejada (Brasil) - Magistrado Federal del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región.

Ponente: Nuria Cleries (España), Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ex Directora- General de Relaciones  de la Administración de Justicia del  Gobierno de Cataluña.

Ponente: Adrián Medrano (Chile), Coordinador del Área de Gestión e Información del Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA.

Relator: Flavia Podestá (Argentina) - Miembro Suplente del Consejo Consultivo y Fiscal de la REDLAJ.

Sergio Murilo

Me voy a permitir relatar la experiencia brasileña en materia de impartición de justicia. Brasil está integrado por 91 tribunales, 15,731 jueces, 293,000 servidores, 630,000 abogados y 61´000,000 de procesos. Estos son números que justifican las dificultades iniciales en mi país y generan que la informatización del sistema de justicia en Brasil sea una respuesta frente a los números que anteceden. Los pasos iniciales han sido de coordinación entre las mismas unidades judiciales.

Everett Rogers, sociólogo, desarrolló una tesis doctoral en 1962 en la idea de la necesidad de difundir las innovaciones bajo cinco perfiles de personas:

  • Innovadores: se disponen a ser formadores de opinión.
  • Los primeros en adoptar ideas: aseguran la difusión de las innovaciones
  • Mayoría inicial: un grupo sigue las innovaciones y a partir de este punto no se encuentra retroceso
  • Mayoría tardía: se convence de las bondades presentadas.
  • Otros: Son quienes adoptan innovaciones en última instancia.  

Existe una visión doctrinaria de la oralidad la cual implica un juez activo. Se trata de explicar que la palabra viva explica mucho más y por el contrario, la palabra escrita presenta limitaciones importantes.

En cuanto a la jurisprudencia, la oralidad se presenta como un metaprincipio. Los tribunales entienden que se trata de previsiones a adoptar en los procesos, identificadas también con la evolución legal como marco jurídico de soporte.

El proyecto de oralidad ha avanzado sustantivamente y las certificaciones digitales son un medio de consolidación del sistema. La grabación de las audiencias constituye un eje del sistema de oralidad.

En nuestro Tribunal de Trabajo, en Paraná, se sigue las reglas de la oralidad. Antes, el panorama era sumamente complejo, dadas las limitaciones de los medios escritos. Las audiencias orales ahora son más breves y permiten un control del tiempo. Los sistemas de grabación hoy incluyen marcados electrónicos que se expresan en grandes beneficios como la celeridad en la realización de las audiencias.   

Sergio Tejada

Los expedientes electrónicos en la justicia federal de Brasil son una respuesta frente a las decenas de millones de procesos judiciales que existen en Brasil.

Son dificultades para el uso de la tecnología de la justicia, por ejemplo, la existencia de mucho conservadurismo, que no identifica la importancia de conducir demandas por correo electrónico o mensajes SMS. Hoy la sentencia puede ser dactilografiada, en aplicación de la seguridad en el uso de las tecnologías.

El tiempo neutro (no efectivo) del proceso es un 70%, en tanto el tiempo noble (tiempo efectivo) del proceso es un 30%.  Estos porcentajes justifican una informatización real del servicio de justicia.   

El expediente electrónico presenta ventajas sustantivas. En el caso de la Cuarta Región este proceso se inició en 2002. Desde enero de 2010, la justicia es totalmente electrónica en nuestra región, sin papel alguno y así,  la  inversión de US$ 15 millones de dólares en el sistema de justicia electrónica se justifica plenamente.

La economía media de insumos en cada proceso, con el sistema electrónico, es de US$ 20. Es importante acotar que los abogados pueden acceder al sistema en cualquier hora del día. A modo de anécdota, un proceso importante fue realizado y archivado en 1 hora y 32 minutos.

Nuria Cleries

Por proximidad he de referirme a un aplicativo que se ha implementado en Cataluña. Bajo el título de una justicia abierta a los ciudadanos, esto es, de una justicia tecnológica, hemos asumido que el sistema debe permitir comunicarse con los justiciables a través del correo electrónico y las videoconferencias. 

Debido a que los expedientes hoy se tramitan y ejecutan en varias unidades, se hace necesario unificar la aplicación de la tecnología. Antes los servicios no estaban interconectados. En Cataluña algunos registros se desarrollaban hasta siete veces. Con la aplicación de la nueva tecnología judicial, se pasa a un sistema de aplicativos abiertos, de comunicación directa con los ciudadanos. La complejidad de los procedimientos tendía a hacer lenta la justicia. Hoy se busca erradicar ello, a través de las normas que regulan los marcos de colaboración y cooperación entre los órganos que imparten justicia. Muchos instrumentos se han desarrollado pero aún todavía queda por alcanzar una justicia pronta y eficaz.

La ley hoy presenta en España un esquema de aplicación de los medios electrónicos. Los Procuradores, por ejemplo, deben identificarse al acceder al sistema. Rellenan un modelo informatizado y el proceso implica la presentación electrónica de la petición así como de los recaudos respectivos. La firma de la demanda es electrónica y la atención es durante las 24 horas del día. La admisión de la demanda puede ser confirmada a través de un mensaje SMS a un teléfono celular.

Respecto al sistema de registro de reparto, se ha constatado que la atención directa antes consumía mucho tiempo. En cambio, el movimiento de papeles hoy es automático pero eso no significa que las sedes judiciales sean simples buzones de recepción. Se trata de garantizar a los justiciables que puedan verificar la admisión de recepción de sus peticiones.      

En cuanto al servicio de tramitación, las demandas en la actualidad se distribuyen en forma automática. La firma electrónica ha hecho desaparecer la firma manual.  Todos los funcionarios deben tener firma electrónica. Cada oficina judicial, adicionalmente,  debe tener también un sello electrónico, el cual garantiza la autenticidad de la recepción de los documentos.

Los aplicativos de gestión permiten controlar ampliamente el desarrollo del proceso. El sistema lex.net permite identificar las horas de recepción de los documentos. El sistema de grabación de vistas es parte del proceso.

A grandes rasgos el expediente electrónico se refiere a datos a los cuales puede acceder cada colectivo a los foliados electrónicos. Las nuevas tecnologías ayudan a mejorar la prestación del servicio e inciden directamente en una administración de justicia más transparente.  

Adrián Medrano

El índice de accesibilidad es un indicador del nivel de acceso a la información básica que los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de los países de la región dan a conocer a través de sus páginas web. Se entiende por información, entre otros temas, la publicación de sentencias, temas presupuestales, concursos y licitaciones, etc.

El índice es un barómetro de la información que se identifica en niveles bueno, medio y bajo. Es preocupante que aún haya brechas de información y en ese sentido, se hace necesario trabajar en el tema. En el primer nivel, de grado de información alto, países como Costa Rica, Chile y Perú traducen un nivel elevado de acceso a la información.

Como desafío aún se requiere adaptar las tecnologías de la información para dar mayor acceso a la justicia. Igualmente, el gobierno electrónico impone niveles de exigencia superiores respecto de los servicios que se prestan en las páginas web. Existe una fuerte necesidad por desarrollar servicios eficientes de información. En esas ideas, CEJA se ha comprometido en el propósito de desarrollo de estas variables y presta asistencia a varios países en sus políticas de acceso a la información. Los retos por trabajar son aún enormes pero existe consenso en la necesidad del cambio.

 

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